La seguridad jurídica es un pilar de cualquier Estado de derecho. Las reglas del juego deben estar claras para que los ciudadanos puedan confiar en que se aplicarán de manera previsible y no arbitraria. Este principio se ha visto comprometido tras los últimos autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de 163.000 personas nacionalizadas al amparo de la ley de nietos e inscritas en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).
Fonte: https://elpais.com/opinion/2026-10-14/espanoles-sin-voto.html